La sociedad informacional, atestada de dispositivos personales que conectan flujos de información y entretenimientos a escala global y con un volumen inédito en la historia humana, es portadora de pésimas noticias para esa institucionalidad de producción, edición y distribución de contenidos masivos que son los medios de comunicación. Este escenario, que ocupa los debates de encuentros locales, regionales y planetarios del sector, presenta en la Argentina una faz aún más problemática.
Por Martín Becerra (@aracalacana) (*)
El sistema de medios argentino es mayormente privado en su propiedad y gestión (aunque hay importantes y valiosas experiencias estatales, cooperativas y de organizaciones comunitarias) pero, paradójicamente, es estadocéntrico. Es imposible hallar en la genealogía de los medios de comunicación argentinos más consolidados un desarrollo autónomo de la asistencia –por lo general, discrecional- del Estado, lo que no significa que sólo con asistencia estatal se logre consolidar medios de comunicación.
Esa dependencia se expresa a lo largo de las décadas en el otorgamiento sesgado y renovación automática de licencias de radio y tv; aranceles de importación de papel y otros insumos críticos; condonación de deudas previsionales o fiscales; asignación de publicidad oficial a medida no de la campaña a difundir sino de las necesidades empresariales del medio beneficiario; subsidios directos y sectoriales (como los otorgados para garantizar fuentes de trabajo y evitar despidos); regímenes de promoción industrial; subsidios energéticos o al transporte; beneficios en el IVA; excepciones ad hoc en el cumplimiento de la normativa; congelamiento de la competencia en el sector de la tv paga y postergación sine die de obligaciones de inversión (como soterramiento de la red); suscripción a ejemplares; adaptación de la regulación sobre quiebras; acceso privilegiado a primicias; asociación directa con el propio Estado en detrimento de la competencia, entre otros aspectos.
Si esos profusos vínculos de las empresas de medios con el Estado son una regularidad que, a pesar de los grandes vaivenes históricos, permite reconstruir la economía del sector desde principios del Siglo XIX en adelante, hoy, cuando públicos cada vez más amplios aceleran su éxodo de los medios tradicionales, resulta necesario revisarlos y preguntarse si no es preciso, acaso, construir políticas públicas no discriminatorias que colaboren en la producción de noticias locales, regionales y nacionales. Dicho de otro modo: ya que desde hace dos siglos el Estado paga una parte de la cuenta, que las reglas sean claras ahora que es más necesaria que nunca su intervención.
Con abundante regulación sobre medios (por ley, sobre todo, en el kirchnerismo; por decreto y reglamentos, básicamente, el macrismo), las políticas públicas aplicadas en el sector están lejos de alcanzar el objetivo de garantizar fuentes de producción y distribución de contenidos diversos (política, social, cultural y geográficamente diversos) con reglas de juego no discriminatorias. ¿Cómo es esto?
En la vereda hoy triunfante de la grieta, están quienes sostienen que el elenco dirigente encabezado por Mauricio Macri está normalizando lo anómalo y que la crisis de los medios es el último estertor de la errática, discrecional e hiperdiscursiva inmersión kirchnerista en las comunicaciones. Embanderados en esta hipótesis, algunos comunicadores oficialistas celebraron el cierre de medios y el despido de sus colegas. Pero como toda hipótesis monocausal, para convencer precisa adulterar las pruebas mediante una lógica de selección por conveniencia: la implosión del Grupo Szpolski a comienzos de 2016, la inestabilidad del Grupo Octubre, editor de Página/12 y dueño de AM750, entre otras y la resonada quiebra de Indalo, con los despidos de Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales mediante, son la muestra sesgada que exhiben quienes atribuyen todas las contrariedades del sector al kirchnerismo. Sin embargo esta explicación, expandida durante casi todo 2017, se derrumbó de modo fulminante cuando el Grupo Clarín anunció el cierre del diario La Razón y, poco antes, de la Agencia DyN (Diarios y Noticias), cuyo accionariado protagonizaba junto con La Nación.
El sesgo de esta hipótesis es evidente: ya antes el Grupo Clarín cerró su planta Pompeya de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), luego Editorial Atlántida informó que discontinuaría seis de sus revistas, más tarde un juez ordenó la quiebra de Radio Rivadavia y, en el medio, se producían despidos y retiros “voluntarios” en todas las empresas de medios de las principales ciudades y también en las emisoras del propio Estado Nacional. El sumario de medios que cerraron, se achicaron y realizan ajustes no reconoce grieta ni alineación ideológica y salpica a todos.
Hay quienes, en cambio, amplían la mirada para aludir a un fenómeno que no sólo desborda al kirchnerismo y a los usos que el macrismo realiza de su herencia, sino que supera con creces nuestras fronteras. La escena, que es catastrófica a nivel planetario para la institucionalidad mediática, opera con el poder dramático de la naturalización e impide percibir qué hay de específico en el caso argentino.
Cierto: la descomposición radical del ecosistema de medios de comunicación es un problema global, que precariza el trabajo, reorienta el mapa de ganadores y perdedores y debilita la calidad de las producciones. La intermediación de Google y Facebook en la exposición de los contenidos que fabrican los medios es percibida por estos como una molestia en la disputa por la renta de la inversión publicitaria (aunque las políticas de Google y Facebook son muy diferentes). Eso en cuanto a los negocios. Además, como complemento fatídico, las audiencias continúan su migración hacia otras pantallas o propuestas. La fuga, más lenta de lo que se vaticinó, desplaza a los usuarios y consumidores desde lógicas programadas y editadas (radio, tv, diarios y revistas) hacia ofertas desprogramadas.
Pero como siempre que están involucradas fuerzas sociales y económicas, también ahora el sentido de las políticas públicas puede agravar, mitigar o reconducir hacia otros horizontes la crisis en el sector de los medios. Por ello en cada país el impacto es diferente y depende tanto de la capacidad y la voluntad estatal para atenuarlo, como de la habilidad de los actores de la propia industria para afrontar una etapa para la cual están en ascuas.
Las políticas de medios conducidas por Macri asumen un carácter regresivo al ceder a los principales actores industriales la orientación de la regulación estatal. El sentido de estas políticas -prórroga de licencias, decretos diseñados a medida para lubricar la expansión y contracción del mercado, transferencia de recursos públicos, discrecionalidad en el manejo de la publicidad oficial- acelera la crisis de las empresas de medios con la excepción de las más concentradas, alineadas de modo nítido con el gobierno nacional. La consecuencia de la concentración del sector es que menos actores tienen más poder y participación, en detrimento del resto. En comunicación y cultura esa consecuencia, potenciada desde el poder estatal, erosiona derechos sociales, políticos y económicos. La disciplina del mercado propiciada por Macri es restauradora de otros lapsos previos en la historia argentina, pero tiene como percutor novedoso su combinación con la avasallante reconfiguración global de las comunicaciones, lo que estrecha las capacidades productivas de organizaciones e individuos en pleno contexto de expansión tecnológica.
La restaurada disciplina de mercado difiere mucho de la que impuso el kirchnerismo durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con políticas que negociaban la moderación del impacto de la crisis global en comunicaciones -que no era tan pronunciada en 2013 como en 2018- con la transferencia de recursos públicos a empresarios necesitados de socorro estatal a cambio de su subordinación editorial al oficialismo. En algunos casos esa sumisión fue duradera, como en el caso del grupo Veintitrés de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel y en otros fue más efímera, como muestra el cambio de línea del Grupo Clarín en 2008, tras recibir los beneficios de la «Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales» de junio 2003, la prórroga de la licencia de El Trece de diciembre de 2004, la suspensión del cómputo de todas las licencias audivoisuales por DNU 527/2005 y la autorización en diciembre de 2007 para que se fusionaran Cablevisión y Multicanal.
La indolencia de la conducción estatal frente a la crisis general de los medios contraría, además, la diligente asistencia impositiva propiciada por el gobierno a favor de sectores enteros de actividad (petróleo, agricultura, minería) o la intervención puntual en casos como SanCor, Mercado Libre o Carrefour.
Los voceros del oficialismo presentan a Macri como un observador no participante, aséptico y foráneo en el velorio de los medios. Empero, tanto la regulación decretada por el gobierno como su profuso gasto en publicidad oficial, donde premia a amigos (incluso los que carecen de audiencia) y castiga adversarios u opositores (aún los que cuentan con audiencia) –con un margen de discrecionalidad menor al de Fernández de Kirchner- son evidencia de su participación activa.
El ninguneo del macrismo a las organizaciones sin fines de lucro, en tanto, rubrica un panorama en el que, para el nuevo estamento dirigente, la comunicación sólo tiene razón de ser mercantilista. Con el dadivoso crédito estatal a favor de los más concentrados, billetera mata galán.
(*) El autor es profesor e investigador Conicet, UNQ, UBA.
