En Resistencia, capital del Chaco, los medios de comunicación se mantienen, casi con exclusividad, por los ingresos que reciben de la pauta publicitaria estatal en cualquiera de sus vertientes: provincial o municipal, con sus respectivos poderes Ejecutivo y Legislativo a la cabeza. Sólo el Poder Judicial provincial no paga pauta para la difusión de sus actividades.
Por Marco Fernández Leyes (*)
Esta situación de dependencia total resiente de manera notoria la calidad del periodismo, así como la posibilidad de encontrar contenidos con enfoques diversos, en particular sobre cuestiones políticas y sociales.
La absoluta mayoría replica, en muchos casos sin siquiera chequear ortografía o sintaxis (menos aún el contenido), los materiales enviados por las oficinas de prensa. De esta manera, es indistinto qué diario, portal, canal o radio se lea, vea o escuche, la versión oficial será omnipresente (además de la única, casi siempre) en todos ellos.
A tal escenario debe sumarse una escasa pauta privada, que no alcanza para sostener financieramente las empresas periodísticas.
Tampoco resulta alentador el panorama en materia laboral: en la última ronda de paritarias, los medios acercaron una propuesta de 15 por ciento para todo el año (incluye 8 por ciento no remunerativo que se paga desde diciembre de 2017, 4 por ciento en octubre y 3 por ciento en enero de 2019).
Informes recientes del Sindicato de Prensa del Chaco dan cuenta que en el principal canal de TV por aire, y en una de las radios más escuchada de la ciudad, ninguno de sus periodistas aparecen registrados como tal.
También que los medios digitales más leídos tienen a la mitad de sus trabajadores en negro, con escenarios que van desde el pago de sueldo en cuotas a no abonar horas extras, ni feriados, entre otras cuestiones.
En los diarios impresos existen fuertes reclamos por la ausencia, hace años, de recategorizaciones, así como incumplimientos varios del Convenio Colectivo 189/75 y por empleados sin registro formal.
Este panorama obliga a muchos periodistas a procurarse varios trabajos en distintos medios o, lo que es peor, alternar en los dos lados del mostrador: hacer tareas de prensa para un funcionario, político u órgano del Estado y, a la vez, seguir desempeñándose en un medio de comunicación; con el consiguiente conflicto ético y de intereses que ello acarrea.
Otros, en cambio, optaron por dedicarse exclusivamente a la comunicación institucional, o dentro de algún poder del Estado, en puestos relacionados o no con su profesión, con lo cual abandonan definitivamente el ejercicio de la actividad periodística como se la concibe tradicionalmente.
En tanto, universidades públicas, privadas e institutos terciarios suman cada año más y más técnicos y licenciados, que deben amañárselas para encontrar un lugar en un mercado pequeño, saturado y que ofrece condiciones paupérrimas para el desarrollo profesional.
(*) El autor trabaja en el Área de Prensa del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y es socio de FOPEA.
