Por José Crettaz (*)
Los medios masivos de comunicación en Argentina, entendidos por supuesto como aquellas tradicionales industrias culturales de la radiodifusión y la prensa gráfica, fueron afectados en las últimas dos décadas por la caída de los niveles de audiencia y por la fragmentación del público, la globalización de la cultura y la política, y la formación de conglomerados nacionales e internacionales de medios, entretenimiento, telecomunicaciones y tecnología, ámbitos que convergen hacia un mismo mercado. En ese contexto, el mapa de medios nacional presenta regionalismos destacados: grupos de escala provincial -diversificados o no- suelen dominar la escena en cuanto a la relevancia informativa a escala local (Ick en Santiago del Estero, Radiovisión en Jujuy, Aldrey Iglesias en Mar del Plata o Cadena 3 en Córdoba, por ejemplo), que no consideraremos en este recorrido, en el que nos centraremos en un panorama general sobre los llamados “medios nacionales” -aquellos cuyo alcance, total o parcialmente, se extiende a todo el territorio-.
En las tres décadas y media que transcurrieron desde la recuperación de la democracia en 1983 hubo distintos momentos en la configuración de la industria mediática. Hasta 1989, una presencia mayoritaria estatal en la radiodifusión -especialmente en la televisión-, una oferta deliberadamente acotada de contenidos y una gran vitalidad de la prensa gráfica que se fortaleció con la recuperación de mayores niveles de la libertad de expresión y de prensa. En esos años aún regía la prohibición de la propiedad cruzada entre esos dos tipos de medios, quien tenía diarios no podía tener televisión ni radio. A partir de 1989, con el nuevo gobierno peronista de Carlos Menem, regresaron los capitales privados al sector audiovisual, que habían sido expulsados por otra peronista, María Estela Martínez de Perón, en 1974, y la derogación de aquella prohibición permitió nuevamente la formación de conglomerados de la comunicación.
En un mismo punto arrancaron el grupo Clarín y el grupo Atlántida, entre otros que accedieron a señales de televisión abierta al participar de los procesos de licitación de los canales. Hacia finales de la década de los 90 dos grandes grupos rivalizaban en casi todos los segmentos del mercado de los contenidos y la TV por cable (que ya era un tipo de medio especialmente relevante por su penetración y rentabilidad): Clarín y Citicorp Equity Investment (CEI), que funcionó en sociedad con Telefónica de España. Para esta época empieza a ser nuevamente relevante la presencia de capitales extranjeros en el sector -ya lo habían sido a mediados de los 60- y la consolidación de conglomerados diversificados. El estallido económico de 2001 y la profunda crisis económica, social y política del país impactó en la configuración del sector: muchos de los actores extranjeros comenzaban a retirarse y una regulación sancionada por entonces impidió que las empresas nacionales en default -como el resto del país- quedasen bajo control de sus acreedores externos.
En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la Nación el grupo Clarín había logrado sortear con éxito la turbulencia política y económica de los años previos -y salvo por la venta de sus activos en la telefonía móvil del interior del país- conservaba todas sus empresas y había renegociado exitosamente su abultada deuda en dólares. El grupo Uno (años después rebautizado como grupo América por el nombre de su señal de TV) se presentaba como el segundo grupo diversificado con intereses en televisión abierta, radio, prensa gráfica en el interior del país y televisión por cable. Había dos grandes editoriales de revistas, Perfil y Atlántida, y Telefónica conservaba su presencia en televisión con Telefe -cosa que ocurrió hasta 2016- y Canal 9, y en radio con AM Continental, que se aprestaba a vender al grupo español Prisa, donde la empresa telco tuvo participación en los últimos años.
Aunque rápidamente se enfrentó con algunos medios -como la editorial Perfil, editora del semanario homónimo y de la revista de actualidad Noticias- y el diario La Nación, Kirchner buscó el favor de los medios nacionales para los que hasta entonces había sido apenas el gobernador de una lejana y despoblada provincia de Santa Cruz. En diciembre de 2007, aprobó la extensión de las licencias de los canales de TV abierta y antes había autorizado la fusión de las dos principales empresas de TV paga del país, Cablevisión y Multicanal, que quedaron bajo control del grupo Clarín -que por entonces ya expresaba su intención de avanzar hacia el negocio de las telecomunicaciones, proyecto que había tenido que postergar años antes-. El año señalado como quiebre fue 2008, cuando el kirchnerismo enfrenta una fuerte protesta agropecuaria cuya cobertura mediática disgusta al partido gobernante.
Durante la década kirchnerista, por las políticas gubernamentales, la aceleración de la transformación tecnológica, la masificación de los nuevos medios sociales y el cambio de hábitos de consumo de las audiencias, comenzaron a verse cambios en el mapa general de los medios. El kirchnerismo alentó -y financió con fondos públicos- la creación de empresas de medios afines a su partido, cuyos mayores exponentes fueron los grupos Veintitrés, Indalo y Electroingeniería, que adquirieron medios y productoras de contenidos existentes y fundaron nuevas. A la vez, a través de cambios regulatorios, como la ley audiovisual de 2009 y la ley de telecomunicaciones de 2014, o de presiones administrativas (a través de la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual-Afsca, la Comisión Nacional de Valores-CNV y la Secretaría de Comercio Interior, entre otros organismos), económicas (por ejemplo, con la prohibición de que las cadenas de retail pauten avisos en diarios y la discriminación en el reparto de la publicidad oficial), fiscales (con inspecciones especiales de la AFIP), judiciales (con el impulso de la causa Papel Prensa) o mediáticas (hostigamiento desde la pantalla de la TV Pública o a través de medios adictos) intentó perjudicar a las empresas de medios tradicionales. La tendencia a la conformación de medios adictos se aceleró a partir de 2011 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que también profundizó el despliegue de medios y subsidios públicos, y un aumento sin antecedentes en los fondos destinados a la publicidad oficial, repartida además de manera discrecional como confirmó la Corte Suprema en sus sucesivos fallos Perfil, Artear y La Cornisa. En ese período el empresario Daniel Hadad había logrado conformar una empresa audiovisual y digital muy relevante, el grupo Infobae, cuyos activos de radio y televisión terminó vendiendo a Indalo en 2012. Otra empresa que consolida su presencia en el país es Albavisión, de capitales mexicanos, que adquiere Canal 9 y algunas emisoras FM en Buenos Aires. Durante el kirchnerismo también florecieron decenas de nuevos medios públicos, en particular en radio y televisión universitaria, provincial y municipal, destacándose las señales oficiales de Santa Fe y Mendoza, fruto de las autorizaciones previstas en la ley de medios de 2009. La legislación siguió frenando artificialmente durante esos años la competencia en televisión por cable y el despliegue de redes fijas y móviles que mejoraran la conectividad del país, que se deterioró y afectó las comunicaciones interpersonales.
En las elecciones de presidenciales de 2015 triunfó el frente Cambiemos y llevó a la presidencia Mauricio Macri, algo inesperado para buena parte del sistema político y mediático. Uno de los mayores grupos de medios paraestatales kirchneristas, el grupo Veintitrés, implosionó pocos meses después: su señal de noticias, sus diarios y revistas y sus emisoras de radio se descontinuaron, desaparecieron o entraron en grave crisis y para mediados de 2016 ya no existían. El diario Página 12 -el más beneficiado con publicidad oficial durante el gobierno anterior- cambió de propietarios, quedando en manos de un sindicato vinculado al kirchnerismo. A finales de ese mismo año, Telefónica se desprendía del único medio tradicional que conservaba en propiedad en todo el mundo, la red de TV abierta Telefe (que también había sido uno de los canales que mayor cantidad de publicidad oficial recibió durante el kirchnerismo). Los ámbitos de la gráfica y la radio fueron los más afectados por el cambio de época y la acumulación de debilidades estructurales en los modelos de negocios y las plantas de trabajadores que no fueron atendidas por los empresarios mientras duró la bonanza de los recursos públicos en los años previos.
El nuevo gobierno sostiene que reducirá los recursos públicos destinados a publicidad oficial federal -que superan largamente los 100 millones de dólares anuales desde hace varios años-, lo que podría acelerar la transformación del ecosistema mediático, que ya está en marcha, con nuevos cierres y cambios de manos. La administración Macri derogó artículos clave de las leyes de medios de 2009 y Argentina Digital de 2014, cerró todos los planes de adecuación de distintas empresas a las normas derogadas, confirmó las licencias otorgadas por la gestión anterior a medios audiovisuales comunitarios -que siguen accediendo a fondos de fomento- y otorgó a la Editorial Perfil dos señales de TV abierta digital, una FM y una AM en Buenos Aires, que habían sido negadas a esa empresa por el gobierno anterior. Además, alentó la llegada de capitales extranjeros al sector audiovisual, particularmente el desembarco de Viacom en Telefé, de Turner y Fox en la compra de los derechos de televisación del fútbol -y el lanzamiento de nuevas señales- y el lanzamiento de una versión local de CNN, cadena de noticias que emite algunas horas de programación desde Buenos Aires. A la vez, la nueva gestión mantiene la oferta de medios públicos que heredó del kirchnerismo. Aunque algunos sindicatos subrayan como excepcional la pérdida de empleos en el ámbito de los medios tradicionales las únicas cifras oficiales disponibles señalan que esa pérdida de puestos de trabajo en la edición de publicaciones y emisiones comenzó en 2008 y siguió a un ritmo anual de 1000 empleos menos cada año hasta 2017. Una tasa de retracción similar a la que muestran mercados desarrollados como los Estados Unidos, lo que muestra que la transformación estructural de la comunicación es un fenómeno global, más allá de que pueda tener particularidades nacionales.
Todo este panorama coincide con la expansión de servicios de contenidos a demanda vía Internet, como Netflix o Spotify, y la masificación de las redes sociales, que por primera vez en tres décadas le ponen presión a la TV por cable, que muestra los primeros indicios de pérdida de abonados y a la TV abierta, cuyo rating acumulado cae año tras año.
Habrá que seguir observando y cartografiando los sectores, las empresas y las audiencias si se quiere entender hacia dónde vamos. Y no alcanzará sólo con un mapa.
(*) El autor es secretario de Fopea, director de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Gestión de Medios y Entretenimiento de la Fundación UADE y coordinador general del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (ConverCom).
Escribe en josecrettaz.com